Diputados espera enviar pronto a la Comisión de Hacienda la ley marco de autorizaciones sectoriales (boletín 16566), conocida también como el proyecto de “permisología”.

 

Esta ley tiene como objetivo simplificar la obtención de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo proyectos de inversión, sin importar su tamaño o si son de carácter público o privado. La intención es reducir la burocracia excesiva del Estado y, con ello, aumentar la productividad y la inversión en el país.

 

En la última sesión, el grupo parlamentario aprobó una serie de indicaciones de consenso enfocadas en mecanismos de mejora regulatoria. Además, se acordaron ajustes a 37 leyes sectoriales, con el propósito de que el proyecto tenga la fuerza suficiente y cumpla sus objetivos al ser implementado. Este punto fue valorado por todas las partes, evidenciando la intención de avanzar con rapidez.

 

En la próxima sesión, la Comisión de Economía votará las indicaciones presentadas por el Gobierno y los parlamentarios en relación con varios aspectos técnicos vinculados a leyes y sectores específicos.

 

Una vez aprobado el contenido del proyecto, este será enviado a la Comisión de Hacienda antes de ser debatido en la Sala, la cual se espera lo despache a segundo trámite en el mes de octubre.

 

Autorizaciones Sectoriales

 

Las autorizaciones sectoriales son herramientas regulatorias que permiten equilibrar el desarrollo de actividades económicas con la protección de intereses públicos fundamentales, como la salud, la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas.

 

El Gobierno se ha propuesto reducir al menos un 30% los tiempos de tramitación con esta nueva normativa. Para lograrlo, se plantea, por ejemplo, reemplazar ciertos permisos por declaraciones juradas en proyectos de bajo riesgo y establecer una ventanilla única digital para la solicitud de permisos, donde se pueda verificar el estado del proceso.

 

Adicionalmente, se busca establecer plazos máximos para la entrega de informes intersectoriales y regular el silencio administrativo. También se crean categorías de trámites para proyectos priorizados, con plazos aún más reducidos, entre otras medidas.

 

En este contexto, el proyecto de ley se alinea con los objetivos del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, respondiendo al mandato del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo para acelerar la inversión y promover la creación de nuevos empleos.

 

El objetivo final es generar las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos de la estrategia nacional de desarrollo: crear más empleos de calidad, mejorar el bienestar de la población, implementar políticas que reduzcan las desigualdades y fortalecer las capacidades para enfrentar las crisis climáticas.

 

Fuente: Portal Minero